viernes, 21 de octubre de 2011

Gremialistas puntanos vs. Alberto Rodríguez Saá

Los sindicalistas de San Luis aseguran que la situación en materia de sanidad y educación de la provincia es altamente criticable. Tras más de 27 años de gobierno, la familia Rodríguez Saá se ocupó de destruir a los gremios y les quitó a los trabajadores dependientes del Estado la posibilidad de reclamar por sus derechos.

Por Agustina Rodríguez, Juan Vidoni y Mauricio Pedrat
Los problemas sociales que Argentina viene arrastrando hace décadas requieren, sin lugar a dudas, soluciones a largo plazo. En la pelea presidencial, el candidato Alberto Rodríguez Saá promete poner al país en la misma situación de su provincia, San Luis. Pero la realidad que muestran los dirigentes sindicales puntanos es muy diferente al WiFi en todo el territorio, 5.000 kilómetros de autopistas o viviendas sociales a 90 pesos por mes.

El secretario sindical docente de la Unión de Trabajadores de Educación Pública de San Luis (UTEP), Carlos Rojas, aseguró que su provincia no está tan bien como reza el spot publicitario del candidato: “Es bueno aclarar el tema del empleo. Fundamentalmente son todos empleados sociales -los que logran los números de desocupación tan bajos- los famosos ‘pico y pala’, que cobran 700 pesos por mes por hacer trabajos de cualquier rubro”, cuenta luego de señalar los índices laborales puntamos como una clara “falsa ocupación”. En tono similar a Rojas, la médica pública y dirigente gremial Ana Lia Trifiró se refirió al manejo de los hospitales y personal de la sanidad, dijo que “en la provincia, un médico público con 48 horas semanales de trabajo y bloqueo de título –que le impide al profesional ejercer fuera del hospital que lo contrató- está cobrando 7.500 pesos, cuando en el resto del país ganan el doble”.

En la misma línea, Rojas explicó cómo el gobierno de San Luis utiliza los planes para dominar al movimiento de trabajadores de diversos sectores: “Quebraron la existencia de los sindicatos de empleados municipales con gente de los planes sociales en el municipio, ahora lo están insertando en los comercios y con eso debilitan a los compañeros de Empleados de Comercio. Incluso lo han intentado en las escuelas, pero nosotros tuvimos un conflicto muy grande en 2004 y pudimos resistir. Son alrededor de 30 mil personas las que están viviendo en esas condiciones”, contó. Además, pronosticó: “En San Luis hoy tenemos dos grandes fábricas que en cualquier momento se van. Si dejan la provincia, como han hecho muchas otras, quedan dos mil personas sin empleo.

Ahí vamos a tener un problema de desocupación muy grande”. Trifiró se sumó al tema y, además de coincidir con los dichos del secretario de UTEP, agregó que, al contrario de lo que dice Rodríguez Saá, “hay muchísimas villas miseria en la provincia, y más gente aún que vive en pésimas condiciones”.

En materia de educación, Rojas aseguró que el ejecutivo provincial, en connivencia con su mayoría absoluta en el poder legislativo -43 Diputados de un total de 47 y la totalidad del Senado provincial- intenta sistemáticamente precarizar las condiciones laborales de los docentes. “Los maestros cobran parte del sueldo en sumas no remunerativas ni bonificables, es algo parecido al incentivo docente y asciende a casi mil pesos. Eso significa que a la hora de percibir el aguinaldo, sólo se calcula lo que se gana en blanco, que son monedas. Tampoco aporta a ninguna caja de jubilaciones ni obra social.”, señaló y denunció que “los gobiernos de los Rodríguez Saá durante 27 años destruyeron a todos los gremios que se le opusieron, pudieron hasta con la propia CGT”.

Por otra parte, el dirigente gremial contó la forma en que se manejan los planes de estudio y condiciones laborales en algunas escuelas: “En San Luis existen colegios autogestionados. Son docentes cuyos contratos ni siquiera se ajustan a la ley del contrato de trabajo. Es una cuestión tan rebuscada, tan armada en el marco de la flexibilidad laboral -de los ’90- que le quitaron a esa gente todos sus derechos como trabajadores. No tienen posibilidades de reacción ante las injusticias”. La doctora Trifió, en este sentido, destacó “la inconstitucionalidad de los contratos de la medicina pública” y tildó al sistema de salud de “esclavista”. “Para trabajar, tenés que firmar un contrato con una carga horaria de 48 horas a la semana como mínimo, el máximo no lo aclara, y también asumir que todos los días y horas son hábiles”.

El ejecutivo provincial, también, intenta introducir un nuevo método de enseñanza: “El nuevo sistema consiste en tener la cantidad mínima de docentes por área (matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física y plásticas) y las clases se dan a través de un software con las computadoras. De hecho, los chicos asisten sólo dos veces por semana a un edificio cerca de Casa de Gobierno. Esos trabajadores tienen contratos renovables cada dos meses. Es decir que si no reclamás, seguís. Si reclamás, no. Es preocupante”, concluyó. Algo parecido sucede con los médicos: “Los contratos se renuevan de manera trimestral, y si das un mínimo motivo te puede echar. Ya ha pasado, y hasta nos han retenido el sueldo en los bancos a los que integramos la comisión directiva del sindicato de salud”, denunció Trifiró.

En lo que a títulos de grado se refiere, Rojas contó que la Universidad de la Punta sólo ofrece diplomas con validez provincial. Es decir que si un alumno intenta hacer valer su egreso de cualquier carrera corta fuera de San Luis, no puede.

El secretario de UTEP también hizo referencia a la publicidad electoral del candidato a presidente Alberto Rodríguez Saá: “Han utilizado de manera muy marketinera el tema de la construcción de escuelas, cuando la verdad es que la mayoría fueron construidas por el Gobierno Nacional”, contó, y al ser consultado sobre el WiFi en toda la provincia dijo: “El sistema suena muy bien, pero la mayoría de la gente sigue pagando a la empresa prestadora del cable que también vende Internet porque el resultado final del WiFi es ineficiente por las condiciones climáticas. San Luis es una provincia donde suele haber mucho viento, y en esos momentos olvidate del WiFi”.

En relación al plan de viviendas a 90 pesos, Rojas y Trifiró coincidieron al calificar a las construcciones de “viviendas precarias”, y el educador señaló que “son fundamentalmente de paneles prefabricados de Durlok con una capa de tergopol en el medio. No tienen ladrillos y por seguridad la gente debe rehacer las cañerías de gas y electricidad. Además de que muchas vienen sin más que un piso de cemento alisado y la terminación interna es un embolsado, nada más”.

Para concluir la entrevista, Rojas quiso dejar un dato importante: “Hay miles de kilómetros de autopistas, si. Pero hay una sola librería en la capital, una muy chica en Villa Mercedes y otra igual en Merlo. Es decir que, con toda la buena voluntad, son tres librerías para 400 mil personas” y Trifiró agregó: “El problema es que la obra pública está mal manejada. Nosotros estamos contentos con lo que se hace, pero se le da prioridad a lo que no la tiene”. Esto lleva a pensar que en una provincia en la que no se le presta atención a la salud ni la cultura, menos lo hará en áreas tan importantes para el desarrollo y futuro de un país, como lo es el la educación y el trabajo.

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